A consecuencia de la operación policial fueron detenidos Francisco N.S. y el funcionario de policía Santos M.B., que ya han pasado a disposición juicial.

Según informó hoy la Dirección General de la Policía, algunas de las mujeres estafadas denunciaron que en Madrid funcionaba dos despachos de abogados en los que se gestionaban documentaciones correspondientes a la normalización de situaciones de ilegalidad de extranjeros en España.

Permisos de residencia, solicitudes de asilo y renovación de residencia, entre otros, eran alguno de los trámites de los que se encargaban los supuestos 'bufetes', cobrando por ello grandes sumas de dinero.

Tras las denuncias de algunas de las mujeres estafadas y varios meses de investigación, la policía comprobó que ambas redes estaban dirigidas por un individuo que se hacía pasar por abogado, en cuyo despacho se rellenaban los impresos de solicitud con un sello facilitado por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía destinado en la Brigada Provincial de Documentación de Madrid, que recibía parte del dinero que cobraba el falso abogado.

Con independencia de la resolución judicial, la Dirección Geneal de la Policía ha decretado la suspensión provisional de funciones para el funcionario presuntamente implicado.