Jiménez afirmó que el IVIMA, organismo dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la CAM, exigió a todos los vecinos, en las escrituras, que renunciasen a sus derechos de reclamación por los defectos y vicios ocultos de sus casas, a pesar de que con anterioridad a la venta la mencionada asociacón de vecinos denunció ante la Gerencia Municipal de Urbanismo el mal estado de las viviendas.

Los vecinos, que llevaban viviendo en estas casas del IVIMA desde hace años, ante la oferta de la Administración regional para poder adquirir su casa plantearon que antes de esta operación debería hacerse cargo de las reparaciones necesarias.

El letrado indicó que "esta forma de actuar del IVIMA, que obliga a los vecinos a renunciar a derechos que la ley concede y sobre todo el hecho de que exija esta rnuncia conociendo las deficiencias que padecen los edificios, es un acto que está al límite de la mala fe".

En el escrito presentado ante el Defensor del Pueblo, los vecinos piden que el IVIMA se haga cargo de la reparación de las deficiencias existentes antes de la firma de las escrituras públicas de compraventa. Asimismo, plantean al Defensor del Pueblo que exiga al IVIMA que no incluya cláusulas de renuncia a derechos reconocidos.