Según Núñez Morgades, el fenómeno de la inmigración ha generado nuevas y complejas necesidades, asociadas a la desventaja social o a determinadas carencias de algunos de estos alumnos, que precisan procesos de adaptación e incorporación especiales.

Dichas carencias están provocadas, en la mayoría de los casos, por el desconocimiento de la lengua, las deficiencias educativas previas, la singularidad cultural y la difícil integración de parte de estos colectivos o las dificultades de acogida e integración en los centros educativos.

El Defensor del Menor pide a la Consejería de Educación que desarrolle una normativa propia que garantice la distribución equilibrada del alumnado inmigrante entre todos los centros públicos y concertados.

Asimiso, solicita el establecimiento de criterios que permitan la catalogación como "centros de actuación preferente" de todos aquéllos que incluyan porcentajes elevados de alumnado con necesidades educativas especiales y de compensación educativa.

Por último, Núñez Morgades señala que la incorporación al sistema educativo de los alumnos de otras nacionalidades, con necesidades especiales debe hacerse de manera individualizada, diversificando los formatos de escolarización para, desde una situación transitoia, poder garantizar el más correcto marco de escolarización.

Ante esta situación, el Defensor del Menor pide el desarrollo de planes específicos de acogida e incorporación del alumnado inmigrante en estos centros.