El IBI es un impuesto que grava el valor patrimonial de los inmuebles. Para ello, el Ministerio de Hacienda fija un valor catastral a cada instalación o edificio y, sobre el mismo, cada ayuntamiento aplica un coeficiente en concepto de IBI.

Mientras estuvo en vigor el convenio hispanoamericano para la utilización conjunta de la base, las compensaciones al municipio se incluían en la aportación norteamericana a los presupuestos geerales del Estado, pero luego nunca llegaba una peseta a la localidad.

"Nunca jamás se ha recibido ni un duro por todas las molestias y el agravio que supone tener esa instalación, que ocupa más de un tercio del término municipal. Eso tiene unas consecuencias bestiales para el desarrollo del pueblo, para la calidad de vida, sin hablar de ruidos, molestias, peligros y demás", afirmó Reboiro, "excepto el impuesto de vehículos de los americanos, que nos costó poco más o menos que el primer alcalde democrtico casi se encadenara a la puerta de la base".

La primera vez que el municipio pidió a Defensa permiso para que el Departamento de Gestión Catastral de Hacienda entrara en la base fue en 1988. El ayuntamiento pretendía saber qué instalaciones eran susceptibles de tributar por IBI, ya que es de dominio público que en el recinto militar hay viviendas para militares, supermercado, restaurantes, campo de golf, hospital, colegio, boleras, "una pequeña ciudad dentro", señaló la concejala.

594 MILLONES Defensa tampoco autorizó nunca que Hacienda sobrevolara la base para acotar catastralmente esas instalaciones civiles. De modo que el ayuntamiento optó por realizar una valoración global, que desde 1988 hasta 1996 ha acumulado un total de 594 millones de pesetas.

Entretanto, la Ley de Haciendas Locales del 31 de diciembre de 1992 cambió la normativa que eximía del IBI a las instalaciones del Estado y estableció que no tienen que abonar el impuesto los bienes relacionados con la defensa nacional, peo no las residencias de militares o las instalaciones recreativas.

Sin embargo, Defensa continúa negando el permiso de acceso o sobrevuelo de la base al ayuntamiento, por más que las autoridades locales están intentando presionar a través del Ministerio de Hacienda.

Es más, ahora la cuestión se complica porque la base ha comenzado a recibir vuelos civiles para descongestionar el aeropuerto de Barajas y a destinar nuevas instalaciones para uso civil, sin que el ayuntamiento pueda cobrar el IBI corespondiente.