MADRID. DECLARAN OCHO CONCEJAES DE COSLADA ACUSADOS DE PREVARICAR COMO JURADOS EN UN CONCURSO DE EMPLEO PUBLICO

MADRID
SERVIMEDIA

Ocho concejales del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) prestaron hoy declaración ante el juez que instruye el caso abierto a raiz de la acusación de un opositor por un presunto delito de prevaricación supuestamente cometido al ejercer como miembros del tribunal evaluador en una convocatoria de empleo público, informaron a Servimedia fuentes jurídicas.

Con el visto bueno del ministerio fical, el juez admitió a trámite el pasado mes de febrero la querella criminal que interpuso el opositor, Jacinto Jarne Robles, contra los ocho ediles.

El opositor denunció que los miembros del tribunal trataron de conceder la plaza disponible de jefe de mantenimiento a uno de los aspirantes que no contaba con la titulación exigida.

La querella presentada por Jarne Robles ante los juzgados de primera instancia de Coslada se refiere a los ocho concejales que formaban parte de la comisión evaluadora:Angel Medina García, Angeles Santa Cecilia García, José Gómez Fernández, Alfonso Pascual Sanz, Manuel Monfort Paz, José Casado Covian, Andrés Couso Tapia y Alfonso Tirado Torres.

Los hechos sucedieron a principios del mes de abril del año 1995, cuando el Ayuntamiento de Coslada hizo una convocatoria pública de empleo para cubrir una plaza de jefe de mantenimiento e instalaciones para el Patronato Municipal de Cultura, Deporte y Juventud en régimen de interinidad.

La convocatoria estipulaba como rquisito necesario para acceder a la plaza tener la titulación de ingeniero técnico industrial o arquitecto técnico. La selección se haría a través de un concurso-oposición en el que se valoraría el currículum de cada aspirante, tras lo cual se procedería a entrevistar a los elegidos.

La comisión valoró el currículum de 33 aspirantes, de entre los cuales resultaron seleccionados 4, entre ellos Mariano Barrio Fuentes, que finalmente fue el elegido para el puesto, a pesar de no poseer la titulación exigia en la convocatoria.

Según Luján, en esta selección se produjeron varias irregularidades además de la elección de una persona que no tenía la titulación pertinente: las bases de la convocatoria no incluían los baremos para que los aspirantes conocieran los criterios de selección y no fueron publicados los componentes del tribunal calificador.

Ante la impugnación realizada por el demandante, la comisión de selección decidió dejar sin efecto la convocatoria y celebrar una nueva selección aplicandoun nuevo baremo a medida del candidato que se deseaba contratar. La anulación fue comunicada a los aspirantes sin dar explicación alguna de ella.

(SERVIMEDIA)
16 Abr 1996
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