El CERMI, plataforma de representación y defensa de los discapacitados españoles y que agrupa a las diez principales organizaciones nacionales del sector, condena este tipo de hechos, que atentan contra los valores esenciales que deben presidir una sociedad libre y democrática.

Asimismo, pide a los poderes públicos, en este caso a la Comunidad de Madrid como administración competente, que instruya con celeridad el expeiente incoado y, una vez comprobados los hechos, aplique con el máximo rigor las sanciones establecidas en la legislación vigente, con la finalidad de desterrar comportamientos discriminatorios que violan los derechos que amparan a todos los ciudadanos.

Los representantes de los discapacitados españoles manifiestan su solidaridad con Pablo Insúa y animan a todas las personas con discapacidad que sufran algún tipo de discriminación o de ataque a sus derechos que denuncien este tipo de situaciones, que eben merecer el reproche y la condena de toda la sociedad.