Gallardón justificó el envío al Consejo de Estado de este acuerdo, para que se pronuncie sobre su legalidad, debido a que la Junta Consultiva de la Contratación Administrativa y las secretaras generales técnicas de las consejerías de Hacienda y Presidencia realizaron "observaciones" que cuestionaban la legalidad de favorecer a empresas con trabajadores estables.

El presidente madrileño quiso dejar claro que el "criterio político y jurídico de su Gobierno es que el acuerdo suscrito con los sindicatos se ajusta a legalidad y tenemos facultades para poder primar que el empleo que genere esa actividad económica contratada por la Administración tenga naturaleza de estable".