El proyecto de decreto ha pasado por el Consejo Económico y Social antes de su aprobación por elConsejo de Gobierno, que dará el visto bueno definitivo cuando el Consejo de Estado haya emitido el preceptivo informe.

Este tipo de empresas tiene que tener no menos del 30% de sus empleados pertenecientes a colectivos de exclusión social y su finalidad es facilitar la inserción de estas personas.

El decreto prevé ayudas a estas empresa para la contratación de personas en situación de exclusión "como compensación al sobrecoste laboral de la persona en inserción", a la contratación de gerentes con experiencia en este terreno y para inversión en equipamientos.

Para acceder a estas ayudas, la empresa tendrá que estar inscrita en el registro creado a tal fin y los colectivos que podrán acceder a las mismas:perceptores de la renta mínima, mayores de 18 años procedentes de centros de protección de menores, personas con problemas de drogdicción, internos en cárceles y ex presos, inmigrantes, mujeres víctimas de malos tratos, minorías étnicas, personas con enfermedades mentales y discapacitados con un grado de afección igual o superior al 33%.