Explicó que este nuevo juzgado posibilitaría acelerar los trámites a la hora de clausurar residencias que incumplen las normas, sobre todo cuando no se cuenta con el aoyo de la dirección de esos centros.

Martínez dijo que, en esos casos, es necesario acudir a la vía de lo contencioso administratrivo y a la vía de lo penal. La primera permite la entrada, pero es más lenta que la vía de lo penal, señaló.

Destacó que, hasta que se produce el amparo judicial, una vez que los jueces ven responsabilidad penal en el funcionamiento de una residencia concreta, no es posible clausurarla.

Pilar Martínez manifestó que se han clausurado 11 residencias en lo que va de ño y que con las actuales exigencias que plantea la nueva ley de calidad de los centros, en fase de discusión, entre seis y diez que están incursas en expedientes sancionadores tendrían que ser cerradas.