Ruiz-Gallardón explicó que la puesta en marcha de estos dos centros supone dar cumpliminto a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, que eleva la edad penal de 16 a 18 años.

De la cantidad citada, 4.480 millones de pesetas corresponden a la construcción (2.987 a la anualidad de 2001 y 1.493 a la de 2002) y 4.016 millones a gastos corrientes.

Por lo que se refiere a las transferencias a la Comunidad de Madrid de las competencias de Justicia, dijo que se ha iniciado un proceso de colaboración con las instituciones y colectivos afectados y se han realizado estudios acrca del coste de personal que se traspasará -más de 5.000 personas- y sobre las magnitudes económicas, unos 20.000 millones de pesetas.

Gallardón ofreció estos datos en la respuesta a una pregunta de la presidenta del PSOE-Progresistas, Cristina Almeida, sobre las previsiones de la Comunidad de Madrid ante la inminente asunción de responsabilidades en materia de Justicia de menores.

Almeida reclamó a Gallardón que ponga en marcha los medios para la aplicación de la Ley Penal del Menor y recordó qe la normativa recoge la exigencia de responsabilidad para jóvenes infractores que no hayan alacanzado la mayoría de edad penal, fundamentada en principios orientados hacia la reeducación de menores, en base a las circunstancias personales, familiares y sociales.