El nuevo decreto será aprobado en el menor tiempo posible cuando sea informado por el Consejo de Estado, según dijo el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón. Se inspira en tres principios: el rigor en la acreditación de las entidades, la supervisión de su funcionamiento por parte de los poderes públicos y la eliminación e los beneficios materiales que desvirtúen la adopción.

Gallardón dijo que persigue, entre otros objetivos, definir claramente la naturaleza y función de las citadas entidades, asegurar el carácter no lucrativo de la institución que la impulsa, establecer un procedimiento de acreditación acorde con las circunstancias en que se producen las adopciones internacionales, y garantizar la solidez y solvencia suficientes para afrontar con éxito los riesgos que implica la mediación.

Además, profesionalizr la intervención de las entidades y desarrollar la figura del representante en el país de origen, fijar unos requisitos mínimos de calidad en el servicio que se presta y regular de modo transparente la gestión económica, intensificando los controles preventivos sobre el presupuesto, los pagos y cualquier tipo de movimientos económicos.