Martínez, que realizó estas declaraciones tras la reunión del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid, señaló que este ofrecimiento lo realizará en la reunión convocada para mañana por la Delegación del Gobierno en la Comunidad, a la que acudirán representantes de las tres adminstraciones con el objetivo de resolver este problema.

Preguntada si tiene intención de conocer de quien partió la orden de desalojo, contestó que la CAM está "para garantizar y velar por la calidad y bienestar de estas familias, no para fiscalizar, controlar ni investigar; eso serán otras personas, si es que tiene que hacerse. No vamos a entrar en lo que ha ocurrido".

Dijo que cualquier intervención futura similar a la realizada "tendrá que ser meditada y pensada, con conocimiento técnico y profudo de la realidad y estando pendiente de estas personas para garantizar sus derechos como seres humanos".

La consejera manifestó que su departameto ha intervenido en todo este asunto, "desde el sábado por mandato expreso de Ruiz-Gallardón, "estando en contacto con el delegado del Gobierno y las concejalas responsables del Ayuntamiento de Madrid".

Asimismo, negó que haya habido desatención hacia estas familias gitanas de Rumanías por parte de la Comunidad, "sino todo lo contrario, ya que se ha pueto en contacto con las personas que han intervenido en este caso. También Javier Urra, Defensor del Menor, que es Comunidad de Madrid, ha estado allí al pie del cañón todo el fin de semana".