En el acuerdo se contemplan tres grandes aspectos, el primero de ellos referido a inspección, control del mercado y ejercicio de la potestad sancionadora; un segundo relacionado con la atención de reclamaciones, información y formación del consumidor, y un tercero referido al arbitraje de consumo.

El convenio pretende unificar criterios entre ambas administraciones, simplificar determinados trámites y aunar esfuerzos para aumentarla eficacia de ambas partes, con la intención de mejorar la protección y los servicios al consumidor.

En virtud del acuerdo, se potenciará la implantación de sistemas de autocontrol en las empresas, con el desarrollo de códigos de buenas prácticas en los distintos sectores comerciales y económicos, además de potenciar la atención y tramitación de reclamaciones y sentar las bases para la incorporación en el arbitraje de consumo de las nuevas tecnologías, como la videoconferencia o la posibilidad de su ramitación "on-line".