El Ejecutivo argumenta con este dato parte de su defensa del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Jaier Ansuátegui, criticado desde diversos colectivos por su reacción ante algunas de estas manifestaciones.

En concreto, la pregunta hacía referencia a los incidentes ocurridos en la manifestación convocada el pasado 15 de junio por trabajadores de la empresa Sintel.

El Ejecutivo asegura que, a pesar de que la manifestación fue desautorizada por no haber sido debidamente comunicada, más de 300 personas se dieron cita en la calle Génova y un grupo de manifestantes "provocó un altercado en el que unoficial de la Policía Nacional recibió un fuerte golpe con un palo de una pancarta necesitando 13 puntos de sutura, y posteriormente otro funcionario fue agredido con un puñetazo en la cara".

En su exposición, el Ejecutivo asegura que la Delegación del Gobierno en Madrid ha basado siempre su actuación en la Ley que regula el derecho de reunión, en la que se establece que las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones deben ser comunicadas a la autoridad correspondiente con una anteación de diez días naturales como mínimo y treinta como máximo.

"En ninguna ocasión la Delegación del Gobierno ha ordenado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad ningún tipo de intervención desproporcionada y con dureza", asegura el Ejecutivo, para quien la actuación policial ha sido siempre "la adecuada para restablecer el orden y la seguridad ciudadana alterada".

En este punto, el Gobierno destaca la preocupación del delegado del Gobierno en Madrid por evitar "la posible provocación de los convocntes y la intervención violenta de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que en todo caso se ha producido únicamente cuando la provocación la ha hecho necesaria tras los avisos y advertencias legalmente establecidos".

Según los datos expuestos por el Ejecutivo, desde el 16 de mayo, fecha en la que tomó posesión de su cargo, hasta el 8 de octubre, día en el que el Ministerio de la Presidencia redactó esta respuesta, se celebraron en Madrid 397 manifestaciones, de las que 195 fueron legalmente omunicadas y 202, no.

De aquellas de las que informó a las autoridades, 19 fueron formalmente desautorizadas por haber sido comunicadas fuera de los plazos legalmente previstos, una fue prohibida por razones de orden público, 23 ocasionaron cortes de tráfico, y en 2 se produjo encadenamiento de personas.

El Gobierno asegura que de las manifestaciones celebradas en Madrid "sólo un número mínimo han sido promovidas por trabajadores y por motivos laborales".