En rueda de prensa, el responsable de Medio Ambiente de CCOO-Madrid, Javier Díaz, recordó que el Gobierno regional ha destinado un total de 1.900 millones de pesetas para que las dos empresas adjudicatarias (Matinsa, que trabaa en el norte de Madrid; y Api/Floresur, en la zona sureste de la comunidad) gestionen la prevención de incendios foretales.

Sin embargo, CCOO calcula que si la comunidad gestionara la prevención de incendios, el ahorro para las arcas públicas sería de 112 millones de pesetas y se crearían 761 empleos, frente a los 726 de los de las empresas privadas.

Además, CCOO considera que los retenes contra incendios de Madrid tienen las condiciones laborales más precarias de toda España, ya que tienen suelos que apenas superan las 100.000 pesetas anuales y trabajan 10 horas continuadas en el caso de riesgos fuertes de incendios y con un sólo día de descanso.

Benito reclamó la existencia de un convenio colectivo que regule las condiciones laborales de los retenes. En el caso de que esta petición no se cumpla, solicitó a Ruiz-Gallardón la rescisión de los contratos con las empresas privadas y que el servicio vuelva a ser público, ya que éstas "rayan la alegalidad". "La estabilidad en el empleo es garantí de competencia en las empresas", subrayó.

El dirigente regional de CCOO adelantó que se reunirá en breves fechas con Ruiz-Gallardón para trasladarle esta petición. "Es incompatible que este servicio sea uno de los más importantes de la Comunidad (así lo manifestó el presidente madrileño al aprobar el Plan Forestal en abril) y las condiciones sean precarias", apostilló.

A juicio de Benito, las condiciones laborales de los retenes contra incendios son una "bomba de relojería" porque no poseen formción y desconocen los planes de prevención de riesgos en el caso de que los empleados sufran accidentes.