El decreto establece hasta siete tipos de subvenciones a las que pueden acceder estas empresas para financiar el objeto social para el que se han constituido: la inserción socio-laboral. En cambio, tienen prohibido el reparto de beneficios y están obligadas a estar participadas mayoritariamente por entiades sin ánimo de lucro, denominadas 'entidades promotoras'. En este tipo de empresas, habitualmente no menos del 30% de sus trabajadores pertenece a colectivos excluidos del mercado de trabajo ordinario

El decreto regional precisa que la actividad de estas empresas ha de estar dirigida a facilitar la integración social y laboral de perceptores de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, de personas que no pueden acceder a esa prestación económica por no cumplir el período requerido de esidencia o por falta de empadronamiento o por haber agotado el período mínimo de percepción de la renta, de jóvenes mayores de 18 años procedentes de instituciones de protección de menores, de personas con problemas de alcoholismo y de drogadicción, de ex-reclusos y de internos en centros penitenciarios cuya situación haga posible el acceso a un empleo.

También, de personas que tengan a su cargo una familia monoparental en grave necesidad, de inmigrantes en situación legal en España y en posesión delpermiso de trabajo cuyas características condicionen su integración laboral, de emigrantes retornados con graves necesidades personales o familiares, de miembros de minorías étnicas con dificultades para su integración social, de personas con enfermedades mentales, de personas en proceso de inserción personal y social a través de Instituto de Realojamiento e Integración Social, de personas sin hogar, de personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales con un grado de discapacidad igual o superir a un 33% y de cualquier persona que lo solicite y que, a criterio de los Servicios Sociales autonómicos o locales y del Servicio Regional de Empleo, requiera su inclusión en una Empresa de Promoción e Inserción Laboral.

El decreto establece los mecanismos que impulsan la cooperación entre las empresas que tienen estos objetivos y la Administración Regional, asegurando que los recursos públicos dedicados a promover la inserción laboral de personas en tal situación tengan como destinatarios finales emresas que garanticen que esta incorporación al mercado de trabajo se realiza en las mejores condiciones posibles.

Asimismo, regula la manera en que se produce la incorporación de los trabajadores a las empresas para que ésta sea la última fase de su incorporación al mundo laboral. Por lo que mientras dure la relación laboral recibirán el acompañamiento, formación y orientación socio-profesional adecuados para adquirir habilidades sociales y profesionales idóneas para su integración definitiva en el mecado laboral ordinario.

Para fomentar este tipo de empresas el decreto del Ejecutivo regional ha fijado hasta siete tipos de subvenciones a las que pueden acceder. Se destinan a la contratación de personas en situación o peligro de exclusión social como compensación al sobrecoste laboral del trabajador en inserción, a la contratación de gerentes y técnicos de producción y comercialización que acrediten suficiente experiencia o formación, a la contratación de técnicos expertos en acciones de orientació y acompañamiento, para la incorporación subsiguiente a un empleo asalariado o al autoempleo del trabajador en inserción, para la realización de gestiones de mediación laboral para la contratación en el mercado de trabajo ordinario de personas en inserción, para inversiones en equipamientos y para la realización de auditorias anuales contables y de gestión social de estas empresas por entidades acreditadas por la Administración.

El decreto da cumplimiento al compromiso adquirido por la Comunidad de Marid en el Plan de Lucha contra la Exclusión Social, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 20 de diciembre de 2001, de regular las Empresas de Inserción Laboral de conformidad con la legislación estatal y en el marco de competencias de dicha Comunidad.