El acuerdo prevé también que lacreación o mantenimiento del empleo estable sea el requisito prioritario en la concesión de ayudas y subvenciones públicas que conceda el Gobierno regional y las entidades que dependen de él, y será obligatoria la inserción de al menos un 2% de discapacitados en las plantillas de más de 50 trabajadores, con lo que se cumplirá la Ley de Integración Social de Minusválidos.

Estos requisitos no sólo serán cumplidos por la Administración regional, sino que se incluirán en el baremo de puntuación para la cotratación de obras, servicios y suministros, y se valorará la posibilidad de ejecutar estas obras con la propia plantilla de la empresa.

Alberto Ruiz-Gallardón declaró tras la firma del acuerdo que el Gobierno de Madrid "ha asumido el compromiso de promover este acuerdo en el resto de Administraciones Públicas que operan en Madrid", y manifestó su esperanza de que se refleje en otras comunidades autónomas.

El presidente autonómico pronosticó asimismo que la patronal CEIM, que no ha firmado el acurdo, se sume a él en un futuro próximo, y destacó que en los dos últimos meses la Comunidad de Madrid ha convertido en fijos más de 22.000 contratos laborales temporales, lo que supone un 50% de los contratos que se han transformado en toda España.