Estos proyectos pretenden eliminar las infraviviendas existentes en el barrio, mediante el derribo de inmuebles enteros o procediendo a rehabilitarlos de manera que se reduzca el número de viviendas y todas ellas cumplan los requisitos mínimos de superficie y salubridad, según la EMV.

Eso supondrá que una parte al menos de los vecinos afectados por esta operacin urbanística no volverán a sus casas actuales, una decisión que la EMV ha adoptado sin una consulta previa con los afectados alegando que acabar con la infravivienda en esta zona es una prioridad inaplazable.

Fuentes vecinales de Lavapiés señalaron a esta agencia que los responsables de la EMV no han querido concretar hasta ahora dónde realojará a los vecinos afectados y se han limitado a adelantar, en contactos informales, que habrá una variedad de medidas en función de la situación de cada inquilin.

Esas medidas irán desde el realojo indefinido en casas alquiladas con cargo al ayuntamiento, para aquéllos que carezcan de recursos, hasta la venta de pisos en otras zonas de Madrid haciendo pagar al propietario al menos una parte de la diferencia entre el valor del piso que deje en Lavapiés y el nuevo que se le vende.

Las fuentes vecinales consultadas criticaron igualmente el secretismo con el que el ayuntamiento ha tomado la decisión relativa a los inmuebles en que están ubicadas las 754 vivindas que pueden verse afectadas por desalojos, ya que hasta ahora toda la explicación que se les ha dado en la oficina de información montada por la EMV en el propio barrio de Lavapiés ha sido que en las próximas semanas unos peritos se pasarán por las comunidades de vecinos afectadas para tratar el asunto.

A la falta de información se une en al menos un caso, el de la corrala del número 9 de la Travesía de Cabestreros, uno de los inmuebles sobre los que pesa la posibilidad de derribo, la descoordinacón que existe entre los proyectos de la EMV y los requerimientos que los vecinos reciben de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid.

Esa descoordinación ha dado lugar a que la Unidad de Recaudación Ejecutiva de esa concejalía remitiera el pasado mes de febrero una notificación en la que impone a la comunidad de vecinos un nuevo recargo sobre la multa de más de tres millones de pesetas que le impuso por retrasarse en el inicio de unas obras de rehabilitación de la corrala que la corporació municipal ordenó en 1991.

En consecuencia, según explicaron a Servimedia fuentes de esta comunidad de vecinos, se da la circunstancia de que el ayuntamiento pretende cobrar una multa por el retraso en unas obras de rehabilitación que ahora resulta que podrían no servir de nada, puesto que el edificio figura entre los susceptibles de demolición.

Estas fuentes añadieron que, además, el ayuntamiento no quiere conceder ninguna compensación por haber obligado a realizar unas obras que podrían resulta inútiles y en las que los vecinos llevan desembolsados más de 100 millones de pesetas. Con ese dinero se ha consolidado la estructura, se han hecho forjados, servicios y baños en cada vivienda, y se ha puesto al día la electricidad y la fontanería, entre otras cosas.

En esta comunidad de vecinos predominan las personas con bajos ingresos (pensionistas, parados, obreros e inmigrantes), que han tenido que pedir créditos o vender bienes personales para poder hacer su aportación a las obras.

En la crrala viven 50 familias. La mitad de los pisos carecían de baño antes de las obras de rehabilitación y ninguno supera los 50 metros cuadrados de superficie.