Pedro Díez, presidente de la Cámara, explicó a Servimedia que se ha acordado pedir al delegado del Gobierno que aplique las medidas policiales y técnicas, "que las hay", para intentar identificar a las personas que realizan las amenazas.

La última llamada y el consiguiente desalojo se ha producido esta mañana -la anterior l pasado viernes-, coincidiendo con una rueda de prensa de la portavoz de IU, Isabel Vilallonga, que tuvo que ser interrumpida y continuó en una cafetería cercana.

Javier Doz, diputado de IU, calificó la situación de "insostenible", ya que dos o tres días a la semana hay que desalojar por amenaza de bomba, "lo que nos rompe toda nuestra actividad".

El diputado de la federación informó que, además de la solicitud a Lope Huerta, en la Mesa han barajado distintas soluciones al problema, "incluida laposibilidad de trasladarnos a otro edificio".

La posibilidad de trasladar las oficinas de los grupos parlamentarios a otro lugar, apoyada por el PP, no fue considerada "conveniente", ya que se está a la espera de inaugurar la futura Asamblea, prevista en Madrid Sur (Vallecas), según Doz.

Javier Doz reconoció que resulta "difícil" aplicar cualquier medida para reforzar las medidas de seguridad que impidan tanto el desalojo como la intervención de los teléfonos, "que necesitaría el permiso de cada na de las personas y organismos afectados".

El edificio que alberga la sede de los grupos parlamentarios regionales del PP, PSOE e IU está ocupado también por las sedes de la Agencia de Medio Ambiente (AMA) y de la Delegación Provincial del Trabajo y por numerosas oficinas.

Antonio Beteta, del PP, se mostró poco convencido de la eficacia del llamamiento al delegado del Gobierno, ya que Lope Huerta "ha reconocido que es incapaz garantizar la seguridad de los grupos parlamentarios y que no existe nnguna medida que garantice absolutamente la seguridad, por lo que tendremos que seguir abandonando la de los grupos cada vez que haya una amenaza".

Ante esta situación "insostenible", el PP considera que hay que tomar medidas eficaces ("sin descartar un traslado provisional", debido a que faltan dos años hasta que se produzca la inauguración de la sede a Vallecas), porque "la falta de productividad de nuestro trabajo es absoluta debido a que abandonamos el local dos veces a la semana".

Beteta afimó que su grupo no comparte la idea de controlar los teléfonos, porque en los grupos hay información confidencial que afecta al Gobierno regional.