Esta declaración guarda relación con una inspección "no autorizada" que realizaron dos policías en la sede de los grupos parlamentarios del PSOE e IU el pasado 26 de enero, un día antes de la huelga general.

Días después del registro policial, García Hierro, persona que impidió el paso de los agentes a las dependencis del grupo socialista, declaró a un diario nacional que la policía necesita un reciclaje, lo que disgustó al SUP, que dijo, a través de un representante, que si la parlamentaria no rectificaba, presentarían una querella contra ella.

La declaración institucional expresa también su "rechazo y protesta" al registro policial, "porque se produjo sin el oportuno conocimiento previo de la presidencia de la Cámara" y el "apoyo a la presidencia y a la Mesa de la Asamblea para que prosiga las actuaciones necesrias para el total esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de las responsabilidades en que haya podido incurrir; en concreto, para que se dirija a la Delegación del Gobierno al objeto de que se depuren las responsabilidades a que hubiera lugar".