Entre los objetivos de esta norma están definir claramente derechos para que puedan ser conocidos y exigidos por los ciudadanos, estructurar de forma coherente este sector, caracterizado por la indefinición y la dispersión, fijar como horizonte factible la universalidad y apoyar a la familia como institución social.

Asimismo persigue favorecer a los sectores más vulnerables: inmigrantes, menores en situación de riesgo o desamparo, y personas afectadas por factores de exclusión social.

Este ley pretende "convertir los servicios sociales en el verdadero sexto sistema de protección social a los ciudadanos, como lo son ya la sanidad, la seguridad social, la educación, el empleo y la vivienda", afirmó Gallardón.

Esta norma plantea entre sus retos políticos la participación, la corresponsabilidad de todas las áreas de la dministración regional en la consecución de mayores metas de bienestar social y la descentralización, además de la eficacia y la calidad.

Otro reto guarda relación con la financiación suficiente para desarrollar los servicios sociales, dijo Gallardón, que explicó que "si en seis años hemos conseguido duplicar prácticamente los dispositivos de atención en todas las áreas de intervención en servicios sociales, garantizar las prestaciones del sistema público que proponemos requerirá mantener el mismo nivl o superior ritmo de crecimiento en el futuro".

Esta ley introduce algnas novedades como la definición de un sistema jurídico público, que comporta la responsabilidad del sector público, tanto de garantizar la atención social, a través de un sistema público, como de regular las actividades privadas desarrolladas por entidades o asociaciones en el campo de los servicios sociales.

La defición de la oferta prestacional comprende prestaciones técnicas, económicas y materiales.

El proyecto estabece la universalidad y gratuidad de todas las prestaciones técnicas y los requisitos para acceder y disfrutar del resto de prestaciones, así como el compromiso de aumentar los recursos para que todas ellas estén disponibles en los casos indicados.

Asimismo, se crea el cheque-servicio, que posibilitará aumentar la libre elección del usuario respecto al modo de atención. Consiste en una ayuda económica que se concede a personas o familias para que atiendan al pago de centros o servicios acreditados y cotrolados por la Administración.

La ley ofrece el derecho a disponer de una tarjeta social y tener asignado un profesional de referencia, que será el responsable de orientar y acompañar a las personas inmersas en un proceso de intervención social.