El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo que esta iniciativa, que afectará a unos 5.000 empleados, constituye el programa más importante en materia de función pública de la Comunidad de Madrid, desde que en los años 80 se aprobará su ley reguladora.

Este proyecto persigue adecuar las relaciones de empleo del peronal a los criterios del Tribunal Constitucional en los que fija el principio de preferencia de la vinculación funcionarial en la Administración y racionalizar la ordenación de la función pública autonómica.

El ámbito de aplicación de esta norma se extiende a la totalidad de la Administración regional, excluyendo a las empresas públicas.

Los empleados que accedan a este sistema deberán pasar una única prueba, consistente en la celebración de un curso selectivo con pruebas finales de aptitud. Los ue no aprueben seguirán en su situación anterior, conservando todos los derechos.