La citada ley establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los deechos fundamentales de las personas físicas y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar, según explicó el consejero de Presidencia y Hacienda, Manuel Cobo.

La ley contiene cinco capítulos y 20 artículos, que recogen el régimen de los ficheros de datos de carácter personal que se inscribirán en el registro correspondiente de la Agencia de Protección de Datos de la CAM, que queda configurado como un ente de derecho público, con plena independencia de la administración de la CAM y se relaiona con el Gobierno a través de la Consejería de Presidencia y Hacienda.

Asimismo, crea el Consejo de Protección de Datos, con un representante de los grupos parlamentarios, cinco de la Administración regional, dos de la Federación Madrileña de Municipios, un miembro de los sindicatos y otro de la patronal (elegidos por el CES de Madrid).

La composición de este órgano fue motivo de crítica por los diputados del PSOE e IU Marisa Alvarez y Franco González, al considerar que faltan representantes d entidades como las de consumidores.

Franco González justificó la abstención de IU porque el proyecto es un "producto razonable" aunque sin recoger las enmiendas que hubiese posibilitado el voto favorable.

La diputada socialista justificó el voto negativo de su grupo porque situa a la Agencia de Protección de Datos como un organismo más a disposición del Gobierno y porque sólo le han aceptado enmiendas técnicas.