Según fuentes de la APDH, el ayuntamiento sólo disponía de una autorización para el derribo de una de las chabolas, no de todas las que formaban el poblado, situado en el término municipal de Boadilla.

Siempre según la versión de la Asociación Pro Derechos Humanos, las autoridades no transmitieron a los inquilinos su intención de derribar, por lo que los afectados no tuvieron oportunidad de retirar sus enseres.

La APDH decidió presentar la denuncia para que la Fiscalía del TribunalSuperior de Justicia de Madrid investigue cada una de las circunstancias del desalojo, durante el que la asociación considera que ha existido un comportamiento que podría ser constitutivo de delito.