La parlamentaria, tras calificar de "inaceptable para una ociedad democrática" la situación padecida por esta discapacitada, afirmó que "no es de recibo que en el año 2000 se discrimine, de una forma u otra, a personas que padecen el sida, sometiéndolas a una situación incompatible con la letra y el espíritu de la Constitución de 1978".

A su juicio, la situación vivida por Aida Neves pone de manifesto la carencia de voluntad política de las administraciones públicas para afrontar casos como este.

Almeida afirmó que el sida es una "enfermedad transmisibl que de ninguna manera puede considerarse como un obstáculo para la convivencia con otras personas que no la padecen ni para la prestación de cuidados ordinarios que requiere una persona con un alto grado de minusvalía y exigió "la inmediata modificación de la normativa en vigor sobre las residencias del Inserso y el traspaso de estas competencias a la Comunidad de Madrid".