El informe del MAP señala que "la resolución de la Alcaldía de no acceder a la convocatoria del pleno solicitado supondría una infracción del ordenamiento jurídico".

La citada resolución de la Dirección General para la Administración Local, a la que tuvo acceso Servimedia, es contestación a una solicitud de 6 ediles de la oposición de Pozuelo para que el citado organismo de la Administración central dictaminase "si es contraria a derecho la decisión el alcalde de no convocar el pleno solicitado para tratar sobre la política municipal de información y uso de los fondos de promoción y publicidad".

El portavoz del Grupo Socialista de Pozuelo, Vicente Somoano, declaró a Servimedia que, una vez conocido el informe del MAP, va a poner este caso en conocimiento de los tribunales, "porque entendemos que el decreto de la Alcaldía ha vulnerado los derechos de los concejales de la oposición, representantes legales de los vecinos de este municipio, que reconce la Constitución".

El decreto de la Alcaldía de Pozuelo, de 11 de noviembre de 1997, señala que "al no existir motivos que justifiquen la convocatoria de un pleno extraordinario, cuya realización supondría un importante coste económico derivado del devengo de dietas de asistencia a concejales y funcionarios, así como la dedicación de horas de trabajo y, de acuerdo con las motivaciones expuestas, resuelve que no procede acceder a la convocatoria del pleno extraordinario solicitado".

El 6 de novimbre, cuatro ediles socialistas, dos de IU y uno del Grupo Mixto presentaron un escrito solicitando la celebración de un pleno extraordinario sobre el tema referido. Al no conseguirlo, el 18 de diciembre se dirigieron al Ministerio de Administraciones Públicas para que emitiese un informe al respecto.