El ente público Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (AENA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA), acaba de comenzar la licitación de las obras de la pista una vez que el ministerio aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que apareció publicada en el BOE el pasado día 12.

Esta declaración ha levantado en contra de la ampliación a once de los dieciocho ayuntamientos afectados, que el pasado viernes se reunieron e la casa consistorial de Coslada, porque contempla un plan de aislamiento acústico en las zonas urbanas afectadas por el tráfico aéreo que será costeado entre AENA, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos.

Los munícipes han echado cuentas y éstas no cuadran. Según la DIA, la financiación para insonorizar viviendas vendrá de unas tasas que pagarán las compañías aéreas, de 7.000 millones que aportará AENA en cinco años y de las administraciones locales y regional. Pero, según la FRAVM, la insonorizacón podría costar "el doble de toda la obra", es decir, más de 200.000 millones.

Según el responsable de Medio Ambiente de la FRAVM, Andrés Martínez Jerez, la población afectada por la ampliación superará con creces los 40.000 ciudadanos que prevé la declaración de impacto porque los cálculos de AENA se han hecho sobre datos incorrectos. Así, los estudios se basan en unas rutas de despegue y aproximación, pero la FRAVM cree que la realidad será otra y las operaciones de vuelo se efectuarán de forma másdispersa, con lo que aumentará el número de vecinos afectados.

Otro portavoz de la FRAVM, Avelino García Fernández, señaló que sólo en el distrito madrileño de Barajas habrá 6.000 viviendas afectadas por los vuelos en la futura pista, que a una media de un millón de pesetas por casa, las obras de aislamiento acústico se comerían casi los 7.000 millones que aporta AENA en cinco años.

García Fernández aseguró que la DIA es un documento hecho "para no cumplirlo" por parte de la Administración y que erá "una bomba de relojería" para los ayuntamientos por las reclamaciones que va a generar.

ESPECULACION

La FRAVM sostiene que detrás de la decisión política de ampliar Barajas, apoyada por la comunidad y el ayuntamiento de Madrid, hay una operación especulativa que ignora las consecuencias ambientales.

Esta operación consistiría en "tirar el dinero público" por la vía de los hechos consumados. "En teoría, la obra no debería empezar hasta que esté aprobado definitivamente el Plan General de Madid, o en cualquier caso hacer una modificación puntual, pero las obras están ya licitadas", señaló Martínez.

"Pasó igual que con las expropiaciones", añadió, "no había salido ni el Estudio de Impacto Ambiental y ya estaba hecho el proceso de expropiación".

La FRAVM y la Coordinadora Contra la Ampliación de Barajas han decidido cinco medidas de tipo legal: presentar dos recursos administrativos al ministerio, contra la DIA y la licitación de las obras; reclamar ante el fiscal de Medio Ambiente delTribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Valerio; presentar una queja ante el Defensor del Pueblo, Fernando Alvarez de Miranda, porque aún no ha respondido sobre la validez o no de sus denuncias, y llevar el asunto a Bruselas, mediante una queja ante la Dirección General 11 de la Comisión Europea.

Asimismo, el próximo 7 de mayo tienen previsto celebrar una concentración ante el Ministerio de Transportes, aunque sin saber si José Borrell seguirá allí para escucharles. Preguntados por Servimedia i esperan que un probable Gobierno del Partido Popular pueda dar marcha atrás en la ampliación del aeropuerto, García Fernández manifestó que sí.

"Por ejemplo, nadie daba un duro porque el ministro tirara en el 94 la declaración de impacto, y la tuvo que tirar; nadie daba un duro por que saliera una declaración de impacto siquiera", dijo el portavoz de la FRAVM, para quien se está pidiendo lo que en Europa nadie cuestiona.