"Nosotros creemosque los programas electorales están para cumplirse, y hemos dicho en la campaña electoral que la seguridad y la justicia iban a ser una de las prioridades fundamentales de nuestro Gobierno", explicó Aguirre.

En materia de justicia, nos hemos comprometido también en el discurso de investidura, a llevar a cabo el Proyecto Civitas, que tiene dos fases fundamentales: agrupar las sedes judiciales en la futura Ciudad de la Justicia y acercar la justicia a los ciudadanos".

Esta red, pionera en España, spondrá la creación de oficinas judiciales en todos los municipios de la Comunidad de Madrid que no son cabeza de Partido Judicial, y en los 21 distritos del municipio de Madrid.

En la primera fase del proyecto se procederá a la instalación de la red de oficinas en diversos municipios y en todos los distritos de la ciudad de Madrid. Las Oficinas Judiciales Locales y de Distrito serán servicios comunes a todos los juzgados de Primera Instancia o Instrucción del partido judicial correspondiente y permitiá a los ciudadanos realizar diversas gestiones judiciales en su lugar de residencia sin desplazamientos.

Esperanza Aguirre afirmó que en estas oficinas va a tener también un lugar muy destacado la atención a las víctimas de los delitos y muy especialmente los referidos a violencia de género.

La red de oficinas judiciales estará encargada de desarrollar principalmente las funciones de recepción de escritos judiciales, información al ciudadano sobre la tramitación de los procedimientos, los exámene médicos por parte de los médicos forenses y la asistencia a las víctimas de delitos. En todas las oficinas habrá un coordinador de violencia de género que gestione todo lo relativo a las órdenes judiciales de protección.

El sistema de la Oficina Judicial se completa con la existencia de un servicio de orientación jurídica, en colaboración con el Colegio de Abogados. También se contempla la posibilidad de que en estas sedes se celebren juicios si el juez lo considera oportuno. Igualmente servirán comocentros de coordinación para las ejecuciones, desahucios y embargos referidos al municipio o distrito de que se trate.