En un comunicado hecho público hoy, el citado colegio señala que esta medida es "un acto de injusticia con una profesión que ha servido lealmente a la sociedad y a los intereses públicos durante más de 50 años, regulada actualmente por un conjunto de normas dictadas en interés y amparo de los derechos de los consumidores".

El COAPI de Madrid indicó que la decisión del Ejecutivo tendrá como consecuencia "una inmediata perturbación y opacidad del mrcado inmobiliario, al facilitar la aparición de mediadores sin más intención que la especuladora y sin vocación profesional, que se mantendrán al margen de las obligaciones tributarias y deontológicas".

Además, este colegio se compromete con los más de 1.900 universitarios que obtuvieron el título oficial de API tras superar los exámenes celebrados hace dos meses a prestar nuevos titulados, al amparo jurídico que sea preciso, "para que obtengan el resarcimiento de los daños económicos y morales cauados por la decisión del Gobierno".