En una comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid, Torrecilla explicó que la empleada afectada por estas irregularidades, Susana Fernández Curros, fue contratada en 1999 (cuando el responsable de la Agencia era el recientemente dimitido José Cabrera) para introducir datos del registro de drogodependientes de la Agencia en otro programa informático, como prevención del efecto 2000.

Añadió que, una vez terminado el trabajo, la Agencia e pagó parte de la cantidad acordada mediante facturas con un logotipo falso de una supuesta empresa de tapicerías S.F.C. (iniciales del nombre y apellidos de la empleada) por productos como seda adamascada, raso de colores, alfombras de baño y visillos, entre otros. La otra parte de sus retribuciones fueron abonadas con cargo a cursos de formación.

La empleada, tras ser despedida, llevó el caso a Magistratura y el juez declaró nulo el despido y señaló que debería ser readmitida e indemnizada. Torrecila aseguró que se extremará la vigilancia para que este tipo de casos no se repita.

El diputado socialista Eduardo Sánchez Gatel exigió responsabilidades a los cargos intermedios implicados en la falsificación de facturas, porque se trata, según dijo, de un acto consciente, y no de un error.

Asimismo, la diputada de IU Caridad García dijo que lo sucedido es más que un error y que hay más responsables que el ex gerente de la Agencia Antidroga, José Cabrera.

El parlamentario del PP Pedro Muñozafirmó que la falsificación de facturas es un "error absurdo e infantil" que no entiende, porque "no había nada que ocultar".