Esta norma exige el aval de un juez para que las personas con discapacidad tuteladas por la comunidad autónoma puedan acceder “a la ayuda a morir”, requisito que no está previsto en la ley estatal reguladora del derecho a la eutanasia, que es de carácter orgánico.

Según el Ejecutivo central, la norma madrileña invade una ley estatal e introduce “una doble discriminación hacia las personas con discapacidad tuteladas” que residen en esta comunidad, al imponer una exigencia que no recoge la ley estatal.

En una respuesta difundida a los medios, fuentes del Gobierno regional señalan que ”cualquier intervención médica que ponga en riesgo la vida de una persona adulta con discapacidad (una amputación, por ejemplo) debe requerir autorización judicial”.

“No es algo que digamos nosotros, lo metemos porque así lo dictamina el Código Civil”, indicaron. “En ningún caso hacemos referencia a la autorización de la eutanasia”, por lo que “no nos metemos en una ley estatal”.