El Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la CAM ofreció su apoyo a esta firma, por lo que la Fundación ONCE pasará a elaborar el inventario y el diagnóstico de las prioridades, a la vez que presupuestará cada actuación.

Una vez finalizado el inventario, el Gobierno regional se ocupará de efectuar los proyectos técnicos y sufragará el coste de la obra civil, mientras que la ONCE costeará los gastos procedentes de la instalación de meanismos técnicos, como rampas o elevadores.

La viceconsejera de presidencia y presidenta del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras del Gobierno regional, Carmen Alvarez-Arenas indicó que el acuerdo permitirá acelerar el proceso de adecuación de los edificios públicos a los ciudadanos con movilidad reducida.

Alvarez-Arenas consideró de "extraordinaria utilidad para el Gobierno regional la información aportada por el inventario y diagnóstico de cada barrera, así comoel hecho de tener un presupuesto detallado de la posible intervención, toda vez que ello nos permitirá programar adecuadamente los trabajos, previendo las partidas presupuestarias que se requieran".

Para la adecuación de los edificios públicos existe un plazo máximo de 12 años, contados desde la Ley de Aprobación de Barreras que tuvo lugar en 1993.

Asimismo, el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad dió hoy el visto bueno al proyecto de Ley de Perros Guía. y a la próxima celebración de una Jornadas en el Colegio de Arquitectos de Madrid. donde se informará a este colectivo del método normalizado que debe aplicarse en las actividades relacionadas con la supresión de barreras.

Alvarez-Arenas destacó que el Gobierno regional aportó el pasado año 1.790 millones de pesetas para la eliminación de barreras arquitectónicas, partida que este año asciende a los 2.036 millones.