En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de hoy, Gallardón explicó que a esta primera reunión, que se celebrará el próximo día 9 en el ayuntamiento maño, acudirá el delegado de Hacienda, Juan Bravo. Además del de Madrid y Zaragoza, a este encuentro están convocados los consistorios de Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga.

A juicio de Gallardón, hasta el momento no ha habido en España "una voz conjunta de los ayuntamientos" para reclamar aquello que está establecido en la Constitución, que es que las corporaciones locales tienen que tener financiación y reconocidas sus competencias, "y yo creo que ese momento ha llegado ya".

Gallardón pidió al Gobierno de Zapatero que no intente convertir el asunto de la financiación de los ayuntamientos en un debate político-ideológico, porque es un problema que afecta a todos las corporaciones locales, "estén gobernadas por el PP, por el PSOE, por IU o por cualquier otra formación".

"Lo que no puede hacer el Gobierno de forma ninguna es resolver los problemas que tiene como consecuencia de la crisis económica que vive España a costa de los ayuntamientos, y en eso estamos de acuerdo todos los alcaldes y ciudadanos", afirmó, al tiempo que aseveró que "hay un déficit muy grave en relación con la financiación de los ayuntamientos".

Según el alcalde, se ha cumplido la parte de la Constitución que dice que hay que dotar a las comunidades autónomas de competencias y financiación, pero no la parte relativa a las corporaciones locales en esta materia. "Le diremos al Gobierno con firmeza que la Constitución tiene que ser aplicada también con los ayuntamientos", subrayó.

Gallardón explicó que los ayuntamientos prestan un "elevadísimo" número de servicios en materia de seguridad, sanidad, educación y servicios asistenciales, entre otros, que no están entre sus competencias y por los que no reciben financiación, pero que no pueden dejar de prestarlos.

En este sentido, dijo que, aunque no son sus competencias, el Consistorio no podría decir a su Policía Municipal que no colaborase en materia de seguridad, no podría renunciar a prestar el servicio del Samur, no podría dejar de invertir en la escolarización de niños de cero a tres años y no podría eliminar muchos servicios asistenciales que presta.

"Son unos ejemplos, y podríamos poner muchísimos más, de cómo el Gobierno de España tiene que darse cuenta de que existe una profunda injusticia sostenida en el tiempo con las corporaciones locales", indicó el alcalde.

Sobre el efecto de un posible recorte de la financiación a los presupuestos municipales de 2009, Gallardón dijo que estos presupuestos estarán condicionados a cómo resuelva finalmente el Gobierno de España la financiación de las corporaciones locales. Por ello, dijo que no se abordará el presupuesto "hasta que el Gobierno nos diga la cuantía de la financiación".

PARTICIPACIÓN EN LOS IMPUESTOS

El alcalde explicó que lo que quiere su ayuntamiento es un sistema de corresponsabilidad fiscal, "lo cual significa asumir riesgos". Indicó que ahora hay una financiación per cápita que no se ve afectada por el esfuerzo de generación de riqueza que realiza la ciudad de Madrid, de manera que si fuera una ciudad "perezosa" que no invirtiera para generar riqueza, recibiría la misma financiación.

Por ello, dijo que es "injusto" que, siendo el ayuntamiento que más esfuerzo inversor realiza de todo el país y la ciudad que más aporta a la riqueza del conjunto de España, "nosotros no obtengamos una participación en los resultados de esa política de inversión" y sea el Estado quien más se beneficia de la riqueza generada por Madrid.

Gallardón reclamó una participación en aquellos tributos que realmente reflejan el esfuerzo inversor que hace cada ayuntamiento. "Si hay más actividad económica en Madrid por su esfuerzo inversor, creemos que tenemos derecho a participar en el IVA. Si nosotros generamos más renta como consecuencia de las inversiones que hemos hecho, tenemos derecho derecho a participar en el IRPF; y eso es lo que nosotros estamos solicitando", explicó.

El alcalde dejó claro que en lo que no están de acuerdo es en que la solución al problema de la financiación de los ayuntamientos se tenga que resolver con un aumento de la presión fiscal. "Se tiene que resolver mediante una participación en una cesta de impuestos en los que los ayuntamientos sean directamente responsables de sus políticas de inversión", y "aquellos que inviertan más y generen más renta y actividad económica, tendrán un incremento de su recaudación", concluyó.