La puntuación más baja corresponde a la justicia Civil, que sólo obtiene un 4,4 sobre diez, algo que puede achacarse a la legislación. Así, el 77 por ciento de los abogados madrileños conidera necesaria una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, y el 60 por ciento cree que la reforma aprobada recientemente no cumple las expectativas y necesidades existentes.

Otras deficiencias que los letrados achacan a este ámbito jurisdiccional es la insuficiencia de juzgados de familia y la carencia de juzgados mercantiles especializados. También manifiestan su insatisfacción por la escasa unificación de los criterios procesales y el incumplimiento de los horarios en los juzgados de lo Social madrileño.

La justicia Contencioso-Administrativa merece también un suspenso para los abogados, que le otorgan un 4,6, especialmente en lo que se refiere a las salas de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que bajan su puntuación respecto al año pasado. Sin embargo, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo aumentan su valoración en lo que respecta a disponibilidad de los magistrados para recibir a los abogados, eficiencia y rapidez.

Sendos aprobados obtienen, por el contrario, la justicia Socal y Penal, con un 6 y un 5, respectivamente. La buena valoración de la primera viene, en la mayoría de los casos, de la percepción de mejora en el cumplimiento de los plazos para dictar sentencia.

No obstante, en el caso de la justicia Penal, registra una pérdida de eficacia y rapidez en los juzgados de instrucción, aunque el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los juzgados de lo Penal mantienen una puntuación positiva.