La principal novedad de la norma es que obliga a los propietarios de anmales de estas razas a suscribir un seguro de responsabilidad civil que garantice el pago de posibles indemnizaciones a terceros en caso de agresión del perro. El decreto fija multas que oscilan entre 5.000 y 2.500.000 pesetas.

Según datos del Colegio de Veterinarios de Madrid, durante los últimos años se aseguraban en la región madrileña no más de 2.000 canes anualmente.

En 1995 se suscribieron un total de 1.522 pólizas de responsabilidad civil; en 1996, 2.144; en 1997, 2.024, y en 1998, 1.334. En enero de 1999 sólo se concertaron 66 seguros, pero tras la publicación oficial el 15 de febrero del decreto de la CAM sobre perros de razas de guardia y defensa, en los tres meses siguientes se han contratado un total de 2.679 pólizas, es decir, casi 900 seguros mensuales, 9 veces más que el año pasado.

El decreto madrileño contempla también la posibilidad de que los ayuntamientos condicionen la circulación de los perros por las vías públicas o la prohíban en determinadas zonas o lugares públics.

Asimismo, regula la venta de estos animales por particulares y las condiciones que deben reunir sus alojamientos, de modo que no causen riesgos o molestias a sus vecinos.