Este reglamento cuenta con el respaldo mayoritario de los ayuntamientos, a los que da un mayor protagonismo, y de los afectados, según Jesús Pedroche, consejero de Presidencia, quien destacó como principales objetivos del decreto el fomento de la autonomía municipal y la defensa de los consumidores y usuarios.

Se especifican las cuatro modalidades de venta ambulante: los mercadillos estables en los municipios, durante determinados días, los que se celebran en los fetejos populares, la venta callejera urbana y la venta que se efectúa en los vehículos itinerantes.

Con respecto a los mercadillos, el decreto establece que los ayuntamientos son los responsables de fijar el número y la superficie de cada uno, conceder las licencias y establecer las tasas que abonarán los vendedores.

Cada ayuntamiento podrá reservar un 10% de puestos para empresarios de la zona, que podrán vender los productos que fabrican. Se podrán ofrecer todo tipo de productos, excepto los de astelería, carnes y aves, y quesos frescos.

No obstante, los vendedores que tengan estos productos podrán venderlos si disponen de cámaras frigoríficas y mantienen estos en envases adecuados.

El decreto aprobado destaca que todos los vendedores deberán inscribirse en un registro, requisito obligatorio para obtener la licencia preceptiva.