El estudio, titulado "Población inmigrante y educación en la Comunidad de Madrid", muestra que en la región madrileña están censados algo más de 18.600 alumnos extranjeros (aproximadamente el 35% del alumnado extranjero del país), aunque esta cifra no incluye a los inmigrantes irregulares.

A juicio de CCOO, es necesario desvincular el derecho a la educación de los 5.000 hijos de inmigrantes que no acuden a la escuela de la situación legal de sus padres, y desarrollar un sistema de bcas y ayudas que hagan efectiva la igualdad ante la ley de estos niños.

Además, CCOO denuncia que la Ley de Extranjería condiciona el acceso y permanencia de este alumnado en los centros de enseñanza, al impedir que los estudiantes hijos de inmigrantes carentes del permiso de residencia puedan acceder al título oficial al finalizar los estudios, lo que motiva que no puedan optar a la enseñanza media o superior, con lo que la discriminación, en opinión de este sindicato, es mayor.

En relación con a formación profesional, los miembros de este colectivo, según Paloma López, responsable de Política Social de CCOO de Madrid, terminan abandonando los cursos que iniciaron, ya que, aunque pueden acceder a la formación, a la hora de hacer prácticas en empresas no pueden realizarlas por su situación irregular.

López abogó por hacer efectivo el derecho a la educación de la población inmigrante, y denunció que la política realizada por el Gobierno del PP en Madrid respecto al colectivo de inmigrantes es nula".

A su juicio, el Plan Regional de Inmigración aprobado por el PP es insuficiente, al no estar dotado de presupuesto, y se limita a externalizar servicios y dárselos a empresas privadas, evitando una cobertura pública de los servicios sociales.