Santaella señaló que esta medida fue adoptada después de que el juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras, que instruye el 'caso Macosa', dirigiese una comunicación al colegio de abogados en la que le informó que en su última comparcencia como inculpado, Llopart denunció que los abogados de la acusación particular que ejerce la Asociación de Defensa del Accionista (ADA) le habían exigido 60 millones de pesetas a cambio de retirar la acuación.

Según declaró entonces Llopart, desde marzo de 1990 ha sido objeto de todo tipo de presiones por parte de la ADA a través de sus abogados con el fin de que les entregase 60 millones de pesetas, cifra que equivale a las pérdidas que supondría la venta de las acciones de Macosa que suscribieron los letrados a título personal.

Estos, siempre de acuerdo con la versión de Llopart, amenazaron con "hacer la vida imposible" a Macosa y como no alcanzaron un acuerdo, impugnaron la junta de accionists de la empresa y presentaron la querella contra los antiguos gestores.

Tras estas afirmaciones de Llopart, el juez Moreiras acordó suspender la tramitación de la causa centrada en la investigación de unos supuestos delitos económicos imputados a Eduardo Santos, ex subsecretario de Industria, y a otras personas al frente de la empresa Material y Construcciones (Macosa).

El magistrado entendió que las pruebas contra los inculpados podría ser prefabricadas y decidió en un auto del pasado 2 de marzodeducir testimonio de esa denuncia a los juzgados de Barcelona donde ocurrió la supuesta coacción y paralelamente comunicar los hechos al Colegio de Abogados de Madrid "a los efectos pertinentes".

Santaella señaló que una vez recibida la comunicación de Moreiras, el colegio ordenó nmediatamente la apertura de diligencias deontológicas y expresó su "firme voluntad de depurar hasta el final las responsabilidades deontológicas que pudiera haber en su caso".

El portavoz de los abogados de Madrid señaó asimismo la satisfacción de esa institución "por la sensibilidad demostrada por el señor Moreiras al suspender automáticamente la tramitación de las diligencias en atención a la posibilidad de que existan pruebas contaminadas".

Paralelamente a estos hechos, los abogados de la acusación solicitaron al Consejo General del Poder Judicial que aparte a Moreiras de la instrucción del 'caso Macosa' ante "el grave temor de que se puedan producir nuevos atropellos motivados por la enemistad del magistrado po medio de la utilización de argucias procesales y maquinaciones tendentes a impedir la defensa de los intereses de mis clientes".