Además, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó también la decisión del juez de instrucción de dejar fuera de la causa a seis ex directivos de Telefónica, entre ellos los ex presidente Juan Villalonga y Cándido Velázquez-Gaztelu, quienes no deberán sentarse en el banquillo de los acusados.

Esta decisión imposibilita, en la práctica, que los afectados pueden reclamar durante el juicio que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de Telefónica.

En concreto, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presididos por la jueza Teresa Palacios, han decidido desestimar los recursos presentados por los trabajadores de Sintel contra la decisión de Pedraz de transformar la causa en procedimiento abreviado y de archivar las actuaciones contra 16 imputados, entre ellos los seis directivos de Telefónica.

ACUSACIONES NO JUSTIFICADAS

Sobre los ex directivos de Telefónica, la Sala señala que "no consta debidamente justificada su posible participación en los supuestos delitos de insolvencia punible y contra la Hacienda Pública" de los que fueron imputados por el vaciamiento patrimonial de Sintel.

Los autos indican que no existe "la más mínima justificación" que pruebe que Villalonga, junto al también ex presidente de Telefónica Cándido Velázquez-Gaztelu, el ex secretario general José María Mas, los antiguos vicesecretarios Diego Luís Lozano y Heliodoro Alcaráz, y el ex apoderado general Luis Ángel Casado, "desarrollarán alguna actividad en contra de los intereses de Sintel".

Sobre Velázquez-Gaztelu, el presidente de Telefónica que firmó el acuerdo de venta de Sintel en 1996, y Alcaraz, el entonces secretario del consejo de administración de la empresa, el tribunal asegura que "sanearon la situación económica de Sintel a través del aumento de su capital social y del ingreso de cantidades derivadas de la compra de inmuebles".

Por último, el tribunal también ha rechazado la práctica de nuevas diligencias de investigación, tal y como pedián los trabajadores, al considerar que se trata de pruebas "inútiles a los fines de las actuaciones de comprobación delictiva" y que no revisten las características de necesariedad, utilidad y pertinencia para, en el actual estado de la tramitación procesal, tenerlas por trascendentes".

Finalmente, de los 24 imputados iniciales, en la causa tan sólo siguen acusados ocho, en concreto Jorge Mas Santos, Juan Carlos Mas Santos, Juan Antonio Casanova de San Simón, José Miguel Sariego, Ricardo Campos Dufau, Joel-Tomás Citrón, Pedro José Novela Berlín y Alfredo Florez Plaza. Todos ellos están procesados -a la espera de juicio- acusados de los delitos de insolvencia punible y contra la Hacienda Pública .

En 2001, más de 1.800 trabajadores de Sintel perdieron su empleo tras quebrar la empresa, antigua filial de Telefónica que la compañía vendió en 1996 a la familia cubano-americana Mas Canosa, y dejar un agujero patrimonial superior a 59,36 millones de euros.