Rato explicó que las rebajas se calcularán con precisión cada año, con el fin de aplicarlas el 1 de eneo, y para ello se tendrán en cuenta aspectos que inciden en los costes de producción de la energía, como los tipos de interés -que retribuyen la deuda contraida por las empresas para construir centrales eléctricas-, la eficiencia y costes en que incurren las compañías y la demanda prevista para cada año.

Igualmente, el Gobierno ha decidido limitar las posibilidades de las empresas ya establecidas en España de seguir copando el mercado a medida que aumenta la demanda.

Para ello, establece que as compañías que tengan más del 40% de potencia instalada no puedan abrir nuevas centrales en un plazo de cinco años. Ese plazo se reduce a 3 años para quienes tengan una capacidad productiva del 30% del total de capacidad nacional.

También se incluye en el 'paquete' un adelanto del calendario de liberalización eléctrica en España, de manera que en el 2003 todos los españoles puedan elegir que compañía desean tener como suministradora, en lugar del 2007 previsto hasta ahora.