El PP ha propiciado ya en cuatro ocasiones ese debate, y el viernes la Diputación Permanente, órgano de funcionamiento del Congreso de los Diputados una vez concluido el periodo ordinario de sesiones, debatirá una nueva petición del PP para convocar un pleno, esta vez extraordinario, en el que se debata la ilegalización de ANV.

El PP apela con ello a la Ley de Partidos Políticos, según la cual están legitimados para instar la ilegalización de un partido y su consecuente disolución el Ministerio Fiscal y el Gobierno, al que pueden instar el Congreso de los Diputados o el Senado.

Ese Pleno tendría que ser convocado el próximo lunes como muy tarde, ya que ese día el presidente del Gobierno firmará el decreto de disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales para el 9 de marzo.

Una vez que ese decreto se publique al día siguiente en el BOE, la Diputación Permantente quedará como único órgano de funcionamiento del Congreso de los Diputados con unas funciones muy tasadas en la Constitución.

De la Constitución se desprende que una vez disueltas las Cámaras sólo los miembros de la Diputación Permanente conservan su condición de diputados, por lo que el Pleno deja de existir como tal.

Además, la Diputación Permanente funciona con unas competencias tasadas en la propia Constitución, que sólo incluyen la convalidación o derogación de reales decretos-leyes aprobados por el Gobierno por "extraordinaria y urgente necesidad"; y la autorización para prorrogar el estado de alarma, y declarar el estado de excepción o de sitio.

Más allá de esas competencias no cabe, mientras las Cortes estén disueltas, actividad alguna de los órganos de funcionamiento del Congreso de los Diputados.