El Tribunal Superior de Justicia de Baleares reiteró hoy que la sentencia que ordena la demolición parcialde la residencia, que data de 1992, debe ejectuarse cuanto antes, por lo que el ayuntamiento palmesano ha decidido realizar el derribo el lunes.

La ejecución de la sentencia ha sufrido durante los últimos cuatro años sucesivos aplazamientos, el último hace dos semanas, al constatar el ayuntamiento que la hermana del Rey había alquilado el edificio a unos ciudadanos de nacionalidad canadiense y entender que no podía tirar una vivienda ocupada por personas distintas a la titular y propietaria de la mism y, por lo tanto, ajenas al contencioso.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares estimó que esta circunstancia no puede impedir que se ejecute una sentencia dictada hace cuatro años.

El proyecto de derribo obliga a demoler el tercer piso de la vivienda, o bien a retranquear una esquina del eficio, ya que la sentencia declara ilegales las obras de ampliación que se acometieron en él.

La vivienda está situada en las inmediaciones de Portopí, frente al Paseo Marítimo de Palma,cerca de la zona en la que un comando etarra intentó atentar el pasado verano contra el Rey.

Joan Fageda expresó su confianza en que la demolición parcial de la residencia de la duquesa de Badajoz no afecte a las relaciones de la ciudad con la Casa Real, y reiteró que el ayuntamiento se limita a cumplir el contenido de una sentencia judicial.