La vista de este presunto delito ecológico contará con la presencia, además de los 34 inculpados, de más de 130 testigos y casi 40 péritos. Serán presentados medio centenar de informes científicos.

Los hechos tuvieron lugar en el verano de 1986, cuando entre 20.000 y 25.000 aves acuáticas, muchas de ellas protegidas o en peligro de extinción, muieron en el Parque Nacional de Doñana y sus aledaños por ingestión de pesticidas de uso prohibido en zonas húmedas, según las conclusiones de los estudios del Instituto Nacional de Toxicología.

La mortandad de las aves trascendió por la denuncia de la asociación ecologista Andalus a los medios de comunicación, que dieron a conocer el suceso a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, ya que el Icona, responsable de la gestión y conservación del parque nacional, el mayor de Europa, no informó de loshechos.

La acusación particular, constituida por las asociaciones ecologistas Andalus y Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (Coda), pedirá para todos los inculpados un año de prisión menor, además de otras penas accesorias, como inhabilitación, pago de las costas del juicio e indemnización al Patronato del Parque Nacional de Doñana con 139 millones de pesetas.

Solicita que esta cantidad sea abonada a partes iguales por los inculpados y que el responsable subsidiario del pago sea l Junta de Andalucía, ya que entonces los dos ex altos cargos inculpados, el director general de Agricultura y el jefe del Servicio de Protección de Vegetales, Antonio González de Tanago y Juan Ignacio Caballero, respectivamente, eran responsables de la Administración autonómica.

Los acusadores consideran que los dos ex altos cargos de la Junta son culpables de negligencia e incumplimiento de sus acciones, que los arroceros lo son por utilizar pesticidas prohibidos en zonas húmedas y los comerciantes pr venderlos e incluso recomendar su uso.