Lucas explicó que el PP pretende "dar un cerrojazo" a esta comisión, "sin tan siquiera haber celebrado una comparecencia" porque "tiene muchas cosas que esconder", sin embargo "no podrá evitar que el grupo municipal socialista siga investigando".

El "caos administrativo" provocado por este caso refleja "el desgobierno que sufre el Ayuntamiento de Madrid y la "falta de compromiso político del alcalde, Alberto Ruiz Gallardón,a la hora de defender los derechos de los ciudadanos ante la "extorsión, el cohecho y el tráfico de influencias", señaló.

El portavoz socialista calificó de "despropósito" la propuesta del alcalde para "centralizar" la gestión de la tramitación de estas licencias en la Concejalía de Urbanismo, en detrimento de las competencias de las Juntas Municipales en este asunto, ya que con esta decisión se "colapsará" nuevamente este servicio, aseguró.

Lucas explicó que, ante la reunión de la comisión de investigación de la Operación Guateque, que se celebrará mañana trasladará su preocupación la ausencia de un sistema de control y fiscalización de posibles tramas de corrupción como esta.

Además lamentó "la desconfianza" de los responsables políticos del Ayuntamiento de Madrid ante los funcionarios y trabajadores que lo integran, así como la "dejación de la potestad sancionadora municipal", ya que se omitió la tramitación de expedientes por faltas "muy graves y repetidas".

El portavoz socialista criticó la "inseguridad jurídica" de los titulares de los establecimientos en la ciudad, a "los que se obliga" a abrir sus negocios sin las preceptivas licencias, pues se estima que un 60% de las actividades económicas que se desarrollan en Madrid no cumplen con la normativa municipal.

Una falta de agilidad en la tramitación de licencias que, según Lucas, tiene "una repercusión negativa en la economía" de la capital, pues de los 204 expedientes, incluidos en el sumario judicial abierto para instruir el caso, "sólo" 54 se habían cerrado, con una tardanza media de 22 meses y 20 días, cuando la normativa municipal exige que se resuelvan en el plazo de 2 meses.