Tras tres día reunidos en Toledo y seis meses estudiando el futuro de la financiación de las pensiones, los partidos remitieron hoy al Parlamento este documento, que las Cortes podría aprobar el próxio mes de marzo, para que el Gobierno elabore el Proyecto de Ley definitivo.

Según explicó hoy el portavoz socialista, Alejandro Cercas, las personas de más de 65 años que quieran seguir trabajando no cotizarán a la Seguridad Social, por lo que no se tendrán en cuenta el periodo trabajado de manera voluntaria para la percepción posterior de la pensión. También ofrece la posibilidad de que cobre media pensión si se acoge a la media jornada.

Esta posibilidad supondría un ahorro a la Seguridad Socialde un total de millón y medio de pesetas por trabajador que renuncie a jubilarse.

La reducción de las cuotas sociales, siempre que no suponga una merma para el déficit público y la Seguridad Social, sería de más de un punto y se aplicaría a las cualificaciones profesionales más bajas.

Los excedentes que pudieran existir de los ejercicios presupuestarios deberían ser utilizados para constituir con títulos públicos fondos que permitan actuar en los momentos bajos del ciclo sin acudir a incrementos e las cotizaciones.

Asimismo, instan a que se amplíe, de forma "gradual", el periodo de cáculo de las pensiones "para que quienes realizan similar esfuerzo de cotización a lo largo de su vida, alcancen beneficios equivalentes".

SIMPLIFICAR REGIMENES

La ponencia recomienda reducir el número de regímenes actuales "logrando la plena homgeneización del sistema", con la intención de que queden encuadrados todos bien autónomos o bien trabajadores por cuenta ajena, a fin de que soporten unas cargas eqivalentes.

Esta medida pretende que, a medio plazo, exista un equilibrio entre las aportaciones y los beneficios que reciben los trabajadores autónomos con independencia del régimen en el que estén encuadrados.

Actualmente, los trabajadores autónomos eligen la base de cotización al margen de sus salarios reales. En este sentido sugieren "avanzar" en la homogenización de las bases.

También podrían quedar sensiblemente afectados aquellos trabajadores sujetos al Regímen Especial Agrario, al de mpleadas del Hogar y los del Mar. La ponencia no descarta incrementar las aportaciones de los trabajadores o incluir ayudas de la CE para financiar estos regímenes.

INCENTIVAR LOS FONDOS DE PENSIONES

A pesar de la defensa que se realiza en el documento del actual modelo público, propone incentivar fiscalmente los Fondos de Pensiones como sistema complementario, "como modalidad de previsión" e "instrumento idóneo para generar ahorro".

El primer punto del `documento de Toledo` establece que las pestaciones universales, como la asistencia sanitaria, servicios sociales y las prestaciones familiares se financien íntegramente vía impuestos, destinándose únicamente las cotizaciones sociales a la cobertura de las pretaciones mínimas. Esta medida aliviaría económicamente a la Seguridad Social.

Hace hincapié en la reducción de la morosidad con la Seguridad Social, el mantenimiento del poder adquisitivo mediante la revalorización automática en función del Indice de Precios al Consumo (IPC) y el perfecionamiento de la protección.

Sobre esta última aconseja elevar la edad máxima de permanencia en el percibo de las pensiones de orfandad y la mejora de las pensiones de viudedad, en el caso de menores ingresos, "en la medida que los permita el sistema de financiación".