Angel Lerena, director del Servicio de Estudios del BBV, señaló que, aunque pueda discutirse si el recorte necesario es de cinco puntos de poder adquisitivo, como sugiere el Ejecutivo, "lo que es evidente es que se requiere un sacrificio".

Recordó que medidas similares fueron adoptadas hace algunos años en Dinamarca, un país mucho más desarrollado que España, y los sindicatos las aceptaron. En su opinión, si no hay recorte de salarios "mejo que no hagamos pacto social".

Respecto a las medidas del Gobierno para endurecer el acceso a pensiones y prestaciones de desempleo, Lerena opinó que "tenemos que corregir los excesos de nuestro sistema de cobertura social, ya que hemos hecho ampliaciones con mucha alegría y ahora simplemente resulta que no nos llega el dinero".

El responsable del Servicio de Estudios del BBV consideró adecuada una reforma de las pensiones similar a la del Gobierno francés, mediante el alargamiento del tiempo de otización para acceder a la prestación y reducir las pensiones máximas.

"Lo que pasa es que probablemente nosotros estamos peor educados desde el punto de vista del sacrificio que otros países europeos. No nos hemos creído que nuestra prosperidad en años pasados ha sido un tanto artificial y ahora tenemos que pagar", añadió.

"RECOGER VELAS"

Por su parte, Julio Alcaide, de la Fundación FIES, que dirige el profesor Enrique Fuentes Quintana, aseguró que el sacrificio salarial reclamado por el Gobirno "no es exagerado" y que de su cumplimiento depende de que "no nos quedemos desmarcados del concierto europeo".

"Lo que nadie puede pretender es que sigamos viviendo por encima de nuestras posibilidades", y por eso el Gobierno "está intentando recoger velas", en parte para corregir errores "que vienen desde la huelga del 14 de diciembre de 1988, cuando el Gobierno concedió excesivas mejorías en el Estado del Bienestar".

Alcaide calificó de "absolutamente razonable" la tesis gubernamental de qu la bajada salarial es imprescindible para mejorar la competitividad de la economía española y mostró su comprensión ante la actitud del titular de Economía, Pedro Solbes, de no comprometerse con una cifra de creación de empleo.

"El Gobierno sabe muy bien que lo primero que tiene que hacer es limpiar la casa antes de que vengan los nuevos inquilinos. Cuando tengamos la casa limpia, entonces podemos esperar que llegue la creación de empleo", indicó.

A su juicio, "los españoles no nos queremos dar uenta de que nos habíamos salido de madre" y de que ahora es necesario "tiempo y paciencia" para restablecer las condiciones que hagan posible la generación de puestos de trabajo.

Alcaide hizo hincapié en que "el problema de España es que los españoles nos enteremos de que tenemos que trabajar mucho más, tenemos que producir mucho más y frenar nuestro afán consumista y de gasto".

Agregó que, sin una contención drástica del gasto público, "en un par de años podemos colocarnos en un déficit públicodel 7 por ciento y en una deuda pública equivalente al 100 por cien del PIB".

A su vez, Juan Iranzo, director del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), expresó su apoyo a la congelación salarial del sueldo de los funcionarios y al recorte retributivo en el sector privado, si bien en este segundo caso consideró necesario adecuarlo a la evolución de la productividad de cada empresa.

Iranzo estimó igualmente acertado que se suprima el seguro de paro para los despidos consierados procedentes y que estas prestaciones contribuyan en el IRPF y las cotizaciones de la Seguridad Social, a fin de equilibrar las cuentas del INEM.

El endurecimiento de las condiciones para tener derecho a la pensión contributiva también es necesario, añadió, porque "cada vez menos ocupados tenemos que soportar a más pasivos", lo que amenaza con romper el sistema de la Segurida Social.

Iranzo expresó su convencimiento de que la situación general de crisis puede facilitar la aceptación social e las reformas que son precisas en el Estado del Bienestar.