El aumento de las denuncias por torturas y malos tratos ha sido, según manifestó el secretario de la ACT, Jorge del Cura, constantedesde hace cuatro años.

Los funcionarios del Estado acusados durante 1993 de realizar este tipo de prácticas fueron 448, de los que 128 resultaron posteriormente condenados, 120 absueltos y 200 están pendientes de juicio, aunque la ACT señala que "faltan muchos por identificar".

El mayor número de denuncias se dirigió contra agentes de la Guardia Civil, con 94, seguidas de las realizadas contra policías nacionales, con 80; policías municipales, con 53; funcionarios de prisiones, con 21; policía atónoma, con 10, y militares, con 9.

Sin embargo, el informe de la ACT señala que el mayor aumento de denuncias por torturas con respecto a años anteriores correspondió a las Policías Municipales.

En cuanto al lugar de la agresión, la mayor parte de las denuncias, un 43 por ciento, señalan que fue en el momento de la detención, mientras que un 33 por ciento se llevaron a cabo en las dependencias policiales, un 17 por ciento en los vehícluios policiales y un 16,50 en las prisiones, entre otros lugaes.

Jorge del Cura precisó que, en muchos casos, las víctimas de estas agresiones denunciaron que fueron sometidas a malos tratos o torturas sucesivamente y en varios lugares, como en la calle primero y en el furgón policial después.

La comunidad autónoma en la que más denuncias se registraron durante 1993 fue Madrid. La ACT también destaca que algunos detenidos en Euskadi, entre ellos acusados de pertenecer a bandas armadas, denunciaron agresiones tanto en las dependencias policiales del País Vaco como en las de la Guardia Civil en Madrid, donde son trasladados para ser puestos a disposición de la Audiencia Nacional.

Las personas detenidas por su pertenencia a banda armada son las que más denuncias han interpuesto (83) por torturas y malos tratos, en especial contra la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía, y sólo 6 contra los funcionarios de prisiones.

Según la ACT, los inmigrantes son un caso especial, debido a que no denuncian las agresiones por miedo a represalias o a ser exulsados de España.

Por su parte, el presidente de la ACT, Teodoro Mota, destacó los problemas a los que se enfrenta un ciudadano no sólo para denunciar agresiones por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado, sino también para que el delito se investigue, por "la falta de voluntad política de acabar con este delito, la actuación más repugnante de un funcionario".

Entre las medidas para acabar con los malos tratos y torturas, la ACT propone que no se limite la definición de torura en el Código Penal a las agresiones cometidas a personas sometidas a investigación.

También propugnan que se incluya el concepto de "odio racial", apartar indefinidamente al funcionario condenado y la aplicación de la antigua Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el detenido sea sólo interrogado por el juez de instrucción y no por la policía.

La unificación de los Ministerios de Justicia e Interior supone, a juicio de Mota, una incompatibilidad de funciones "porque no se puede pretender quela protección de los derechos se haga de la misma forma por la policía y la judicatura".