En un escrito a los portavoces, el presidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza, afirma que a la vista del informe "sería muy positivo que el Tribunal Constitucional tuviera a oportunidad de pronunciarse y arrojar luz sobre los numerosos puntos que el dictamen cuestiona".

Este informe lo encargó la CRUE semanas atrás a un grupo de catedráticos de la Universidad Carlos III de Madrid, coordinado por el profesor de Derecho Administrativo Luciano Parejo, después de que el Congreso aprobara el proyecto de ley a finales de diciembre.

El dictamen, de 76 páginas, se refiere al nuevo sistema de habilitación estatal del profesorado funcionario e indica que la LOU quiebra el esrupuloso respeto y separación debida entre la habilitación y el concurso de acceso a la correspondiente universidad, "al imponer sin excepción alguna la provisión de la plaza".

Subrayala "falta de proporcionalidad y la lesión clara de la autonomía universitaria (en su faceta de selección del profesorado) de dos incios de la LOU: el que establece la directa relación entre plazas convocadas y número de habilitados (artículo 62.2 y 62.3) y el que impone la obligación de proveer la plaza en el plazo máxmo de dos años de su convocatoria en el caso concreto".

Por lo que se refiere a los órganos de gobierno, los juristas creen que "no resulta en modo alguno procedente el papel principal atribuido al Consejo Social".

A su juicio, la ley confiere a este órgano funciones que afectan decididamente a la comunidad universitaria y, consecuentemente, "incide gravemente sobre el ámbito decisional propio de los auténticos órganos de representación de los derechos y libertades garantizados por la autonomía uiversitaria".

Añaden que con la LOU, el rector elegido a partir de la ley por sufragio universal directo con voto ponderado "queda reducido al papel de representante ordinario de la universidad al que corresponde el desarrollo de las líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados correspondientes".

El informe también alerta de "múltiples e importantes diferencias de trato introducidas en la ley entre universidades públicas y privadas" sin causas objetivas, como el beneficio que disfruta las segundas en la menor exigencia de calidad del profesorado.