Tras formalizar el recurso, la consejera de Educación, Cándida Martínez, afirmó que la iniciativa es fruto de la "amplia contestación" que ha recibido la ley en la comunidad universitaria andaluza y de las consultas realizadas a varios colectivos, entre ellos los rectores.

Martínez confió en qe el Constitucional dé la razón a las comunidades y formaciones políticas que han decidido recurrir la ley, porque se trata de una norma "mala", que "no satisface las aspiraciones de las universidades" e "invade los derechos reconocidos a las comunidades", en su caso en el Estatuto de Andalucía.

Entre los puntos de la ley que, en su opinión, colisionan con la Carta Magna está el de la presencia política en el consejo de gobierno, lo que viola el principio de autonomía universitaria.

En cuanto a l invasión territorial, mencionó los preceptos que regulan la Agencia de Evaluación de la Calidad y los que se refieren a la creación y reconocimiento de nuevas universidades.

El recurso de la Junta de Andalucía se produce días después del que presentaron por razones similares el PSOE, IU y los seis partidos del Grupo Mixto. El resto de comunidades gobernadas por el PSOE han anunciado iniciativas similares y el Gobierno vasco también podría plantearla.