En su intervención, el portavoz popular Eugenio Nasarre denunció el sistema de acceso al profesorado que plantea la reforma, según el cual se pasa de un "modelo de pruebas públicas" a otro en el que las universidades escogerán a su personal docente en base a su currículo.

Según Nasarre, este sistema, llamado de "acreditación", no fija criterios homogéneos y es "un cheque en blanco al Gobierno de turno", ya que, en su opinión, "cada universidad elegirá a los suyos, porque nada lo impedirá", consolidando el actual problema de la endogamia.

El PP mantendrá todas las enmiendas que ha planteado y se opone al proyecto de reforma de la Ley de Universidades que el Gobierno popular dio a luz en 2001.

Por su parte, la portavoz de CiU Mercè Pigem recordó que el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Universidades catalana era "un requisito obligatorio, pero no suficiente", para dar su apoyo a la reforma.

El Grupo Vasco (EAJ-PNV) sí dará su apoyo a la reforma, en virtud de la anunciada retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Universidades vasca, según señaló el diputado Aitor Esteban.

BECAS Y LENGUAS COOFICIALES

CiU, ICV y ERC hicieron hincapié en que se modifique el sistema de becas establecido en el texto. Según estos grupos, el proyecto de reforma de la LOU fija unos umbrales de renta mínimos para acceder a las becas, que son comunes para todas las comunidades autónomas.

Esto, a su juicio, crea desigualdades, ya que el coste de la vida no es igual en todas las autonomías. "No es lo mismo un 'mileurista' en Cataluña o Madrid que en otras comunidades", explicó la diputada de ICV María Carme González Suárez.

Por otro lado, ERC, CiU y EAJ-PNV valoraron enmiendas introducidas en la Comisión de Educación, como las que se refieren al reconocimiento de las lenguas coficiales como vehiculares de la enseñanza.

Un punto que, para el popular Nasarre, supone un error, ya que, desde su punto de vista, "no debe haber regulación" de la lengua en la que debe impartirse la clase, ya que esto levanta barreras lingüísticas contrarias a la movilidad de estudiantes y profesores.

Las enmiendas incorporadas también reconocen la necesidad de coordinación entre la Agencia Española de Evaluación y Acreditación (Aneca) y las agencias autonómicas.

La mayor autonomía universitaria, los cambios en la elección del rector, el mayor peso del Consejo Social (vínculo de la universidad con la sociedad y la empresa) y la mayor capacidad de gestión de las comunidades autónomas a la hora de reconocer titulaciones universitarias son otros de los puntos polémicos de la reforma, junto con el hecho de que los profesores contratados con vinculación permanente a la universidad puedan acceder al cargo de decano y de jefe de departamento.